En un operativo conjunto realizado por la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil, se logró desmantelar una fiesta clandestina que congregó a más de 1.000 personas en Ibiza. La intervención, que tuvo lugar el pasado miércoles 10 de junio, incluyó actuaciones de DJ reconocidos y ha generado controversia política sobre la eficacia de la acción policial. A pesar de las críticas del Grupo Municipal Socialista por la tardanza en la respuesta, las autoridades locales, encabezadas por la concejala de Seguridad Ciudadana Neus Mateu, defendieron la rápida actuación una vez determinada la ubicación exacta del evento a primeras horas de la mañana.
Como consecuencia, se ha propuesto una sanción de 300.000 euros a los organizadores, máxima penalidad según la Ley Balear de Actividades, además de buscar la clausura del inmueble que albergó la fiesta por operar sin licencia turística. Las tensiones políticas aumentaron tras reclamarse el acceso al registro de llamadas a la policía, con acusaciones cruzadas de falsedades. En medio de la disputa, se aclaró una confusión sobre la ubicación popularmente conocida de la fiesta, señalando que se realizó en Forada y no en Buscastell, como inicialmente se pensaba.
